CAS y FASA participaron en el primer encuentro tripartito

En el marco del Dialogo Social convocado por el Gobierno Nacional, el jueves 25 de febrero, se realizó una reunión entre representantes de varios ministerios, empresarios y sindicalistas.

En representación del Gobierno Nacional estuvieron presentes destacados funcionarios, entre ellos, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el Ministro de Agricultura, Luis Basterra; el ministro Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la administradora federal de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca y el secretario de Política Económica, Fernando Morra.
Por el sector empresario participaron ejecutivos de varias firmas productoras de alimentos: Arcor, AGD, Molinos Río de la Plata, Nestlé, Ledesma, Danone, Granja Tres Arroyos, Paladini, Cabrales, Quilmes, Mastellone, Molinos Cañuelas, Bunge, Casamen, Morixe Hermanos y Mondelez.
Representando a diversas entidades del comercio y la producción concurrieron directivos de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Asociación Supermercados Unidos, ABC moroni - Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas; Federación Argentina de la Industria Molinera, Federación de Molineros de Yerba, Cámara de la Industria Aceitera, Sociedad Rural Argentina, Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines; Cámara Argentina de Productores Avícolas y Centro de Industria Lechera, entre otras.
El sector sindical estuvo representado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), entre otros gremios de las distintas ramas.

La reunión

En la apertura del encuentro el ministro Matías Kulfas aseguró que "la alimentación es un eje central, por la relevancia que tiene en la mesa de los argentinos y las argentinas, y por el peso que tiene en la formación de los precios", destacó.
En ese sentido, analizó que el funcionamiento integral de la cadena de alimentos no fue homogéneo: "En el 2020 cerramos con una inflación del 36,5%, pero los productos alimenticios en el GBA tuvieron un incremento de solo el 23%, mientras que la carne subió más de un 55%, según datos publicados por el Indec".
Finalizando su presentación, Kulfas propuso la idea de constituir cinco mesas de trabajo, que tendrán por objetivo, a corto plazo, coordinar las expectativas inflacionarias para que puedan converger con las metas establecidas en el presupuesto del año 2021 y apunten a la recuperación del salario de los trabajadores frente al proceso inflacionario.
Por ello, el ministro planteó avanzar en un esquema de trabajo sobre cinco grandes ejes que abarquen: los insumos alimenticios, en línea con lo que ya se viene trabajando en las mesas de trigo y maíz; los insumos no alimenticios, tanto del agro como los de la industria; el análisis de los costos de logística; el funcionamiento del Programa de Precios Máximos y por último, la productividad, un tema vinculado con la recuperación salarial de los trabajadores.
La intención del Gobierno Nacional es "establecer compromisos cruzados, donde cada uno de los distintos sectores haga su aporte y entre todos converjan con los objetivos macroeconómicos".

La posición de la industria

Por la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), su presidente, Daniel Funes de Rioja, luego de agradecer la invitación, manifestó que la industria está dispuesta a dialogar, como lo hizo a lo largo de toda la cuarentena.
Luego afirmó que seguirán participando en Precios Cuidados, pero aclaró que no están de acuerdo con el programa de Precios Máximos, dado que estos han agravado los problemas del sector, que se vienen arrastrando a lo largo de los últimos años, de hecho, la Argentina no crece desde el año 2012, complicando todas las actividades de producción de las empresas proveedoras.

El comercio fijó su posición

Desde CAS y FASA se destacó el compromiso de los supermercados y cadenas regionales, particularmente a lo largo de toda la cuarentena.
Se valoró la invitación del gobierno como una clara señal para conformar una mesa de dialogo, donde puedan participar todos los actores de la cadena de comercialización.
“Nuestro sector no es formador de precios, pero necesitamos que los acuerdos alcanzados se cumplan, la industria proveedora no debería modificar los precios, como lo ha realizado en los últimos meses”, dijo Víctor Palpacelli, presidente de FASA.
“Nos preocupa la situación inflacionaria -dijo por su parte Ricardo Zorzón, presidente de CAS- se debería corregir con herramientas antiinflacionista, que no deriven en aumentos de costos y precios como lo han señalado varios representantes de la industria de la alimentación”.
Ambos directivos destacaron que los supermercadistas argentinos están dispuestos -como siempre- a colaborar y trabajar en las distintas mesas propuestas.
Desde CAS y FASA también se requirió que se establezca a la brevedad la finalización de las licencias a los empleados mayores de 60 años con enfermedades preexistentes y/o se consensúe un cronograma de finalización del licenciamiento obligatorio, ya que en el momento de la reunión faltaban pocos días para que se cumpliera un año desde la puesta en vigencia del DNU que lo decretó.
Zorzón y Palpacelli remarcaron que esta disposición ha incrementado en forma preocupante los costos de explotación de las empresas del sector.

Controladores fiscales

Por otro lado, se requirió el diferimiento, por un periodo no menor a dos años, para la migración a los controladores fiscales de nueva tecnología y/o que la AFIP autorice la utilización de los controladores fiscales de vieja tecnología hasta el agotamiento de su memoria fiscal y/o el vencimiento de su vida útil.
“Al finalizar la reunión tomamos contacto con la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, quien nos informó que están trabajando con la Lic. Patricia Vaca Narvaja en el tema de los controladores fiscales”, detalló Pedro Oroz, administrador general de CAS y FASA.

 

 Precios Máximos

La Secretaría de Comercio Interior prorrogó la vigencia del Programa Precios Máximos hasta el 15 de mayo.Además, intimó a las empresas que forman del Programa, a “incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión”.
La medida -que abarca un universo de alrededor de 23 mil artículos- “resulta necesaria, razonable y proporcionada con relación al desafío que enfrenta nuestra Nación frente a la pandemia”, dijo Paula Español, titular de la Secretaría.
La nueva Resolución indica que debe tenerse en cuenta que el contexto de pandemia mundial “exige que se tomen todas las medidas necesarias para morigerar su impacto en el sistema económico y asegurar a la población el acceso equitativo y razonable a bienes básicos de consumo”. 

La implementación del SIPRE

El Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), fue creado el 17 de marzo de 2021, por la resolución 237/2021.
Se trata de un sistema de registro de precios vigentes y cantidades vendidas de todos los bienes finales o intermedios, que deben completar mensualmente unas 1.000 grandes empresas de comercio e industria.
La información requerida Incluye no solo el CUIT de la empresa, sino también la denominación del producto; el código EAN o equivalente sectorial del mismo; el precio por unidad de peso, cantidad o medida del producto; las cantidades producidas y vendidas, y la denuncia, en caso de corresponder, de escasez, desabastecimiento o falta de entrega de insumos o servicios necesarios para la producción de los productos.
Las presentaciones se deben completar en los primeros diez días de cada mes y en la primera presentación se deben informar además los precios y las cantidades producidas y/o vendidas así como también el stock de todos sus productos, durante diciembre 2020 y enero 2021.
El sistema SIPRE se aplica en dos etapas, en la primera, los sectores que deben enviar estos datos al Gobierno son los de alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza; construcción; química y agroquímica; electrónica y electrodomésticos, y muebles, que suman más de 500 grandes empresas.
En la segunda etapa, se suman la producción de químicos generales y metalmecánica, entre otros.
En resumen, a través del SIPRE -un régimen informativo obligatorio y confidencial- el Gobierno Nacional busca tener un monitoreo de lo que ocurre en las cadenas de valor clave.

Cuestionamientos de la industria

Mientras el Gobierno apura acuerdos de precios y endurece el cumplimiento de la Ley de Abastecimiento como estrategia para intentar contener la disparada de la inflación de los últimos meses, el descontento del sector alimenticio crece.
Ante la puesta en vigencia del SIPRE, los fabricantes de alimentos se resisten a brindar información sobre stock, precios y las cantidades de producción ya que consideran que la Ley de Abastecimiento avanza sobre el derecho a la propiedad.
En este contexto, COPAL evalúa presentar un recurso administrativo para que el SIPRE quede sin efecto para los rubros de alimentos y bebidas.
Considera que pedir información estratégica sobre los niveles de stock de las empresas y sus cantidades de producción implica “avanzar sobre el derecho a la propiedad”.
Así lo confirmó Funes de Rioja, quien afirmó que el sistema se da en el marco de la Ley de Abastecimiento a la cual considera inconstitucional, porque avanza sobre el derecho a la propiedad y a ejercer industria lícita.
Desde COPAL destacan que el sistema intima a producir utilizando toda la capacidad desconociendo si hay ventas, como si fuera una “economía de guerra”, a la vez que “produciría una superposición de regímenes informativos” que ya le aportan al Estado los datos que vuelve a solicitar.