Solo el 25% de los comercios cumple la Ley de Góndolas

Cientos de inspectores recorren supermercados y superficies de más de 800 metros y 300 millones de pesos de facturación bruta anual donde se venden productos de consumo masivo para asegurarse de que se cumpla la nueva ley.

Informe de Martina Vera en TN - Todo Noticias

La Ley de Góndolas se aplicó este año, pero vino a la Argentina de la mano de Alfonso Prat Gay y de Lilita Carrió tiempo atrás, cuando la fortuna le sonreía a Cambiemos en el gobierno. El oficialismo de entonces vio en la implementación de esta peculiar norma una idea para simpatizar con las clases medias y populares que fue música para sus oídos.

La ley de góndolas se aprobó en el 2020 y empezó a regir en mayo del 2021. Su espíritu, según funcionarios del gobierno actual, es el de contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar sea transparente y competitivo. Se creó, cuentan, en beneficio de los consumidores para mantener la armonía y el equilibrio entre los operadores económicos haciendo que las grandes empresas que dominan el mercado no retengan mercadería, dicten precios o desplacen a las pymes. Una idea redonda en papeles, pero ambiciosa en la práctica dado el contexto que envuelve a la Argentina.

 “El espíritu de la ley es bueno porque implica romper con algunos monopolios de ciertas categorías en el consumo masivo, pero llevar eso a la práctica no es sencillo”, dice Víctor Palpacelli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA). No se equivoca, sobre todo, en crisis y en pandemia. Mientras en Ecuador la reglamentación gondolera fue más lisa y llana (el país no conoce de inflación porque lleva años dolarizado), en Argentina tuvo que recibir varios retoques para acoplarse a la realidad criolla. Así, cobró vida un Frankenstein local lleno de requisitos difíciles de implementar y de fiscalizar hoy aunque deseables a futuro.

En la ley que se aprobó, se ordenó señalizar con claridad los productos más baratos en las góndolas físicas y virtuales en 65 categorías que incluyen productos como: leche, manteca, queso, yogurt, tapas de tarta y de empanadas, puré de tomate, pan rallado, harina, yerba, azúcar, dulce de leche, jabón de tocador, champú, pañales, jabón en polvo y líquido, lavandina y papel higiénico, entre otros.

Además, se pidió ubicarlos a la altura de los ojos del consumidor entre el primer y el último estante con metro en mano para que salte siempre el mejor precio a la vista. También se dispuso que cada góndola tenga, al menos, cinco opciones de proveedores o grupos empresarios para un mismo producto; ninguno de ellos puede ocupar más de un 30% del área disponible. Esto, en un mercado donde la concentración de productos de una categoría en manos de la misma empresa es moneda corriente (igual que en el resto del mundo) y se afianzó con la pluma de Guillermo Moreno, quien decía que prefería sentarse a negociar con diez empresas en lugar de cien.

 Con la cantidad de ítems a evaluar la ambiciosa norma gondolera argentina es difícil de cumplir y, por lo tanto, también de fiscalizar. “La ley es compleja de cumplimentar. En consumo masivo en un hipermercado, puedes llegar a encontrar 30 mil ítems entre todas las categorías a la venta y que con la ley hace falta contar y fiscalizar producto por producto”, cuenta Damian Di pace, director de Focus Market y autor del libro Economía Pyme, Pensar en Grande Siendo Pequeño, de la Universidad de Buenos Aires. En ese sentido, pese a que las superficies que caen bajo el régimen componen solo el 25% de todas las bocas de venta de consumo masivo en el país, para hacer un repaso góndola por góndola y producto por producto, puede que no haya metro que alcance.

Por ahora, tampoco alcanzaría la capacidad de proveedores medianos para cumplir un segundo requisito: el de destinar el 25% del espacio de exposición a sus productos en las 65 categorías. “Hay un problema en encontrar PyMEs que tengan condiciones de calidad y formalidad impositiva”, cuenta una fuente supermercadista. “En ciertas categorías no hay más que uno o dos proveedores. Eso pasa con insecticidas, pañales, protección femenina o pastas de diente”, añade.

Las PyMEs no son ajenas a esta realidad. Si bien reconocen que la ley les abre las puertas a grandes superficies que parecían casi impenetrables con condiciones y que tenían condiciones de pago hostiles para empezar a exponer sus productos, competir y crecer, hoy no están en condiciones de abastecerlas por completo.

Para paliar esa realidad, el gobierno ha generado un registro de proveedores para que los supermercados que no encuentran proveedores PyME  o de la economía popular suficientes puedan abastecer mejor sus góndolas sepan quienes ofrecen su producto. Si bien el nexo es muy importante, no puede crear realidad en las categorías para las cuales la oferta no existe.

“Las PyMEs son fuertes en la producción de pastas secas, galletas, papel higiénico y yerba. En otros rubros, no son tan fuertes. Un 50% no tiene todavía una estructura que les permita llegar a supermercados porque piden volúmenes y calidad auditada”, cuenta Daniel Rosato, de IPA PyMEs. En efecto, los proveedores que quieran entrar a las grandes superficies deben aprobar auditorías de calidad y procesos de producción que alcanzan, incluso, a sus proveedores. Estas auditorías también validan las finanzas del oferente, así como su facturación y el cumplimiento de obligaciones tributarias para asegurar que se gestionen con legalidad.

El gobierno ha dispuesto también acompañar a las pymes que ellas mismas reconocen y aplauden e, incluso, a las iniciativas de la economía popular en ese proceso. Destinará 10 millones de pesos en capacitar y asesorar a quienes lo requieran y otros 1500 millones en subsidios o aportes no reembolsables para asistir en diseño de marca, certificación de productos, mejora de producción y capacidad logística.

Rosato ve estas iniciativas con buenos ojos pero cree que para tener resultados palpables en tecnología, contratación de mano de obra, capacitación y capacidad de reinvertir hace falta tiempo de rodaje y capacidad de consumo. “Esto va a llevar unos años. Si se hace cumplir la ley y las PyMEs hacen inversiones puede funcionar pero para que la pyme invierte y crezca también hace falta que aumente la demanda para que aparezca la oferta”, dice.

Por ahora, el factor clave de la demanda estaría ausente en la ecuación. El consumo ha caído en crisis y en pandemia, los números del INDEC lo validan todos los meses. “La venta en los productos de mayor costo bajó un 20% y en los más económicos cayó un 2% / 3%, entonces lo que pasó fue que bajó la unidad de venta. Es decir, se vende más un paquete de yerba de medio kilo que uno de un kilo”, cuenta Rosato. Esa realidad se ve en las góndolas donde los packagings “made in Argentina” con gramajes y medidas reducidas son únicos en el mundo.

El yogurt, por caso, llega a venderse en sachets de 900 ml, un tamaño distinto al estándar de un litro que circula en otros países, pero casi imperceptible a la vista para crear la ilusión de que el producto no se encarece tanto. Ese no es el sachet más chico, llegan a venderse incluso packagings de 220ml. Cuando consultamos el precio kilo de este y otros productos la realidad golpea fuerte. La situación se replica en decenas de categorías diferentes. A esto se suma la distorsión de precios que puede llegar a hacer que una botella de vino cueste hasta tres veces menos que un paquete yerba.

Hoy el Gobierno enfrenta el desafío de fiscalizar, metro en mano, que se cumpla una ambiciosa ley que sancionó el Congreso pero cuyo éxito también depende de un contexto macro que es cada vez más complejo. En ese sentido, la realidad de las góndolas choca con el espíritu de una norma que quiere democratizarlas y con el bolsillo de los consumidores a los que también se propone beneficiar pero que terminan pagando siempre más por menos sin importar el lugar que ocupen los productos en góndola. Una ley utópica para un momento distópico que, sin duda, en otro contexto, sería aplaudida.

Fuente: TN > Economía > Ley de góndolas