Controles cada vez mas estrictos, sin resultados positivos

Tres notas -de distintos autores- publicadas en el diario Clarin, permiten elaborar un completo panorama sobre la estrategia económica del Gobierno, en particular de la política antiinflacionaria. 

Un fracaso: hay 70.000 precios máximos y la inflación vuela

Por Alcadio Oña

Conviven con 660 precios cuidados, la gran mayoría son alimentos, donde las remarcaciones no se frenan.

Está a la vista que las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario lograron desacelerar, desactivar en algún caso, la velocidad a la que corrían los dólares paralelos y, de seguido, sacaron del escenario al menos transitoriamente a las siempre temibles turbulencias financieras. Verdadera referencia del mercado que se usa para girar divisas fuera del país legalmente, el contado con liquidación pasó de subir 104% en 2020 a un módico 8,3% en lo que va de 2021. Más impactante aún es la voltereta que pegó la cotización del blue: después de escalar 116%, ahora cae 13%.

Detrás del mismo, notorio objetivo de aflojar la presión inflacionaria, el BCRA también empezó a pisar el tipo de cambio oficial, que acumula 9,4% desde enero tras el 43% de 2020. Traducido: la estrategia que el año pasado siguió de cerca al índice de precios y hasta superó su registro anual del 36%, mudó hacia el gastado recurso del atraso cambiario, que nunca resuelve el problema o lo devuelve aumentado pero que lleva la ventaja de patearlo un tiempito para adelante. Ahora, si fuese posible, hasta las elecciones.

El punto es que ni los malabares cambiarios ni la batería de medidas de los más diversos colores que se han ensayado consiguen batir al enemigo. Basta ver el notable 4,8% del índice de marzo o el 13% del primer trimestre, que se aproxima a la mitad del 29% anual que el Gobierno calculó en el Presupuesto y que lo superaría pronto, si abril anda por el 3-3,5% que estiman en varias consultoras. Los consultores dicen 46% anual.

Otra muestra del fracaso es que la inflación vuele a esas alturas pese a que existen 70.000 productos con precios máximos y 660 bajo el régimen de precios cuidados; la gran mayoría alimentos. Obviamente, ni los aprietes, ni los militantes en supermercados ni tampoco el salario por el piso o la recesión interminable parecen razones suficientes para frenar las remarcaciones. Chocan contra un cuadro de quebrantos e incertidumbres que, encima, tiene la pimienta de las señales que emiten las disputas de poder y cierta sensación de desgobierno.

Y como todo es posible en el disloque general, podría ser que la cuestionada pauta oficial del 29% fuese parte del viejo truco de subestimar la inflación real para subestimar los ingresos fiscales y liberar, así, una masa de recursos que el Gobierno utilizará por fuera de la ley presupuestaria según convenga. Eso que se llama transferencias discrecionales y pasó todo el tiempo durante los años K, está pasando en grande ahora con la provincia de Buenos Aires; mejor dicho, con Axel Kicillof y el territorio electoral de Cristina Kirchner.

Por esa vía, la Provincia recibió en 2020 arriba de $ 140.000 millones contantes y sonantes, el 46% de las transferencias totales. A Córdoba le tocó un 6%, el 5% a Santa Fe y un 4% a la Ciudad de Buenos Aires. Aún sin datos firmes sobre 2021, viene cantado que este año Kicillof sigue sumando recursos de la Casa Rosada como nadie y sin competencia.

De vuelta a las intervenciones en el mercado del dólar, un dato del mismo cuadro general cuenta que además de poco efectivas para frenar el proceso inflacionario están haciéndole perder plata al Banco Central.

Según cifras de la consultora Abeceb, entre comienzos de enero y el 7 de abril el BCRA compró más de US$ 2.500 millones y de ese monto le quedaron reservas netas, disponibles, por apenas US$ 365 millones. El resto se fue en pagos a organismos internacionales, incluido el FMI, en la cobertura de importaciones que se autorizan en cuentagotas y finalmente en las operaciones cambiarias que algunos analistas encomian. Ahí se gastaron US$ 750 millones o el 30% de las divisas que ingresaron.

Luce bastante evidente, entonces, que la relación costo-beneficio de la movida no resulta demasiado favorable al menos para el Estado. Y si se vira el foco hacia la incómoda brecha cambiaria, tampoco ahí tenemos gran cosa: tenemos que un considerable 54% separa todavía al contado con liqui del dólar oficial. Esto es, un diferencial que alimenta maniobras de comercio exterior orientadas a no declarar o fraguar operaciones y que fogonea, también, especulaciones sobre futuros movimientos cambiarios. Los especialistas cuentan que cuando se ingresa en zona del 30% comienzan a encenderse las luces amarillas.

Esas eventuales turbulencias cambiarias podrían ocurrir más cerca de las elecciones, cuando haya aumentado el retraso del dólar oficial y pasado la cosecha de dólares fuertes del complejo sojero o la puja electoral pinte complicada para el kirchnerismo. Allí entrará, de algún modo, el impacto de la pandemia.

A esta altura de la película ya parece hora de aclarar que el 36,1% que la inflación anotó en 2020 no se puede considerar un triunfo, ni un gran avance y si alguien cree que algo de eso hubo fue comparándolo con el impresionante 53,8% del 2019 de Mauricio Macri. En cualquier estándar, decir 36% significa hablar de una enormidad. En los países desarrollados la inflación gira alrededor del 1,5% anual y del 4,5 en aquellos considerados en desarrollo, o sea, el lugar donde está la Argentina.

Números y más números miden la performance económica de la gestión de Alberto Fernández, aunque mejor sería decir la gestión del cristinismo encarnado en Kicillof y en los satélites de Kicillof, empezando por Paula Español, la secretaria de Comercio fanática de los controles.

Desde que el aún llamado Frente de Todos llegó al poder, el índice de precios subió 54% (en un año y tres meses); un 61% promedió el costo de los alimentos; 99% la carne picada y 113% el asado; 85% las verduras y 92% las frutas. Así andan la mesa de los argentinos y la sarasa de proteger a la mesa de los argentinos.

De paso, un dato sobre la recurrente amenaza de cerrar las exportaciones de carne para aumentar la oferta interna y, supuestamente, bajarle el precio: la cotización internacional que juega ahí es el último eslabón de una cadena de costos que empieza con el golpe de los impuestos y sigue con el transporte, la distribución, la energía y los salarios. Obviamente si se habla de subir las retenciones no se va a hablar de reducir los impuestos, aunque sean los primeros de la lista.

Puesto a ensayar sin preocuparse por el orden, el Gobierno ha sacado otro paquete de medidas que va desde un registro más riguroso para las exportaciones de carne hasta un mercado móvil con bolsones de frutas y verduras. Es una nueva andanada que suena a más parches sobre parches, sin que en ningún lugar asome algo parecido a eso que ya podríamos dar por desaparecido: un plan anti-inflacionario articulado que forme parte de un verdadero programa económico.

Ultima serie de números para este boletín, ahora unos cuantos potentes y poco difundidos que traen al presente la crisis económica del 2020, la de la cuarentena tan interminable como poco elaborada. Cuentan desde donde venimos, son todos del INDEC y, salvo uno, no hay ninguno positivo.

En un capítulo del PBI y bajo una definición bastante extraña encontramos, entre otros “servicios”, al teatro, el cine, la tevé, la radio y, en fin, los espectáculos. Dice derrumbe del 38,9%. Pasto para la protesta de los gastronómicos, “hoteles y restaurantes” canta caída del 49,2%. El transporte, rojo del 17%; la construcción del 22,6% y la industria, del 7,7%.

¿Y cuál es la actividad que zafó del vendaval? Nada menos que la financiera que tanto maltrata el kirchnerismo, al menos en las formas: creció 2,1% empujada, sobre todo, por los movimientos de mercado del Gobierno. Los que hay en 2021, ya auguran buena salud.

Vuelven viejos controles que ya fracasaron

Por Damián Kantor.

Congelar precios y trabar exportaciones es parte del plan para bajar el costo de vida. Para los economistas, eso nunca dio resultado.

Alarmados por la inflación de marzo (4,8%), el Gobierno descargó otra batería de controles y restricciones, que refuerza una estrategia destinada a evitar una nueva escalada de precios. La flamante normativa, detalló el comunicado oficial, establece, entre otras cosas, mayores exigencias para exportar carne y congelamiento de precios para una amplia gama de insumos industriales para producir y artículos de consumo básico (frutas, pollos) y de confort (celulares, TV y computadoras).

Con distintos niveles de intensidad, el abanico de fiscalización estatal es tan amplio que abarca a casi todos los rubros. “Hacer negocios es mucho más difícil y el impacto en la inversión es gigantesco”, interpreta Andrés Borenstein, economista de la consultora Econviews. Para algunos, es la lógica recargada del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. Situación agravada por la pandemia, que también impide despidos, desalojos y hasta la libre circulación. Otros, como el director de Analytica, Ricardo Delgado, la comparan con los modelos de la posguerra, los primeros años del peronismo y la Libertadora. “La razón de todo es que tenemos una economía sin dólares, y cuando eso pasa tenés problemas de precios”, describe.

A la falta de divisas se añade la emisión monetaria, incentivada justamente durante la extensa cuarentena del año pasado:“Las ayudas y la asistencia por el COVID (IFE y ATP, entre otras) representaron el 3% del PBI”, subrayó el economista.

“No resulta posible indicar en qué época se han aplicado mayores restricciones, la realidad es que depende del sector”, relativiza Soledad Pérez Duhalde, de Abeceb. No obstante, la especialista destaca que el segmento de consumo masivo, “está en su peor momento y con una regulación mucho más estricta a la vigente durante el período 2013-2019”, señaló.

Los anuncios de la semana pasada acrecientan los niveles de controles oficiales en dos sentidos: tope a los precios y exigencia a los fabricantes para producir al máximo de su capacidad. “Controlar precios (Precios Máximos, Precios Cuidados) y cantidades (no vender dólares, por ejemplo) es una combinación muy rara de encontrar”, opina Guido Lorenzo, de la consultora LCG. En su visión, la escasez de divisas y la emisión de pesos generan un cuadro de tanta complejidad y de muy dificultosa salida.

La economía entró en una lógica de planillas Excel, de rigores aplicados sobre los precios y también sobre los niveles de producción.Por falta de rentabilidad, argumentan los fabricantes, se discontinúan artículos y marcas, lo que se refleja en las góndolas de los supermercados y los escaparates de los comercios. Para evitarlo, Comercio Interior, que conduce Paula Español, ya imputó a 1.000 firmas a las que acusó de una “reducción injustificada” en la actividad de sus plantas y de desabastecer al mercado.

La lista incluye a los principales proveedores de productos masivos, entre ellos Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G y Paladini. En un duro comunicado, la AmCham, la entidad de agrupa a grandes compañías en su mayoría multinacionales, cuestionó el doble candado a los precios y la producción, y pidió evitar “un último salto al vacío”. La AmCham reconoció la escasez de algunos productos pero remarcan que las empresas tienen muy poca responsabilidad:“La falta de provisión de bienes en el punto de venta es consecuencia de múltiples factores”. La consultora Scanntech aporta un dato clave:“En 2020, la inflación de los productos alcanzados por Precios Máximos fue de 14% contra una inflación de 36,2%”.

Los resultados están a la vista, explica Bour, porque como las mayores restricciones “no alcanzan los objetivos, exige aplicar nuevos mecanismos represivos y correcciones”, cuyas distorsiones “castigan en muchos casos a las personas de bajo recursos, que viven en lugares donde los controles no llegan”. La explicación es simple: Precios Cuidados y Precios Máximos, por ejemplo, se aplican básicamente en las grandes cadenas, que concentran apenas el 34% del consumo masivo. El resto se lo reparten autoservicios, almacenes y comercios de barrio.

Desde la perspectiva histórica, Bour señala que en la Argentina existieron otros períodos de controles generalizados y que la brecha cambiaria no es una originalidad de este tiempo. “Durante la Segunda Guerra Mundial, en el primer peronismo, la brecha era del 20%, subió al 100% en 1948 y a inicios de los 50 trepó al 300%”, enumera. “El proceso de corrección duró 10 años”, aclara.

Para las empresas, el actual contexto representa un laberinto para su normal funcionamiento.Y dicen que eso complica tanto los planes de inversión y la generación de empleo. “Es muy difícil invertir en un país donde no podés salir”, dice Borenstein y agrega: “Además, la presión impositiva a las empresas de medianas para arriba es muy elevada, incluso para los mercados emergentes”.

Escapar a la encerrona, coinciden los entendidos, no es tarea sencilla. “La emisión el año pasado representó el 8% del PBI y la pobreza subió igual. Faltan dólares y sobran pesos, y el camino lógico es reducir el déficit de a poco. Hoy todos los mercados están distorsionados por la variable monetaria, no hay precios, pero no se puede sacar todos los controles de golpe, porque el perjuicio podría ser mucho peor”, analiza el economista Gabriel Zelpo.

Para adelante, completa Lorenzo, “hay que desenredar esta gran maraña de controles, porque esta clase de planes nunca fueron exitosos”. Este economista coincide en que tampoco se puede resolver de un día para el otro, pero aconseja “algún esquema transitorio que destrabe el corset, como para ir reduciendo el déficit, el gasto y la emisión en forma gradual”.

Lorenzo también cree que desarmar este escenario es muy complicado.Y que esto es el resultado de la escasez de dólares y el sobrante de pesos en una economía atravesada por la recesión, la falta de financiamiento genuino y la emisión de pesos. “El balance del Banco Central refleja todo eso. En 2020, entre los activos y pasivos, la entidad perdió alrededor de US$13.000 millones en activos”, asegura el especialista.

Y advierte que “el cuadro podría agravarse aún más si se postergan las soluciones”. “Las empresas hoy, entre las exigencias para producir y las trabas para importar insumos, están tironeadas por todos lados. Cuanto más grande la empresa, peor”, grafica Bour. El economista sostiene que, frente a este cuadro, “a las empresas les resulta conveniente ser más chicas y cada vez menos relevantes en la canasta de consumo. Porque cuanto más chica y menos relevante sos, tenés menos problemas para adaptarte”. Sobre todo en un mundo globalizado, donde da lo mismo producir en la Argentina que en Vietnam.

Restricciones más duras, resultados más pobres

Historiadores y economistas creen que la cantidad de topes a los precios y trabas al comercio exterior registran pocos antecedentes en el país. “La realidad es que la dureza relativa de los controles que se aplican actualmente dependen del sector que se considere”, remarca Soledad Pérez Duhalde, economista jefe de la consultora Abeceb.

Un informe elaborado por esa consultora en exclusiva para el Económico, distingue las siguientes cosas en los últimos 20 años. “En consumo masivo -subraya-, es su peor momento. Si consideramos únicamente el retail, esta en una de las épocas de controles más rigurosos”, señalan sus autores.

A la expansión de los programas Precios Cuidados y Precios Máximos “se suma la Ley de Góndolas, que regula diversos aspectos de la actividad de los supermercados, por ejemplo la oferta y el orden de los productos”, dice Pérez Duhalde. “Para encontrar etapas de control de precios tan estrictos -añade- hay que remitirse a la época de Guillermo Moreno, aunque con la diferencia de que actualmente hay un esquema formal de control y en esos años no estaba blanqueado”, dice.

Según Abeceb, en materia de servicios públicos, “regresa la vieja política”. Las tarifas de “la electricidad y el gas continúan (para residenciales y pymes), congeladas desde principios de 2019. Si bien actualmente pareciera que el congelamiento sería temporal (se discuten aumentos, aunque muy menores, para mayo), lo cierto es que los ajustes se vienen postergando”.

Sobre financiamiento externo, la consultora identificó resultados similares. “El cepo cambiario que impide acceder a divisas para girar dividendos (clave para atraer inversiones en sectores como el petróleo y la minería), es actualmente uno de los limitantes más importantes para la inversión extranjera”. Pérez Duhalde aclara que “recientemente se han implementado algunas exenciones para nuevos proyectos exportadores o para repago de inversiones”.

Los exportadores afrontan un panorama más aliviado, dice el estudio, que se efectuó horas antes del anuncio del jueves de la semana pasada. Entre otras novedades, el Gobierno estableció nuevas restricciones a las exportaciones de carne, como la creación de un nuevo registro donde deberán dejar asentadas las ventas al exterior para controlar los precios y garantizar el abastecimiento.

El especialista en comercio internacional Marcelo Elizondo sostiene que “en la Argentina tenemos un problema con las empresas. Las sobrerregulamos para someterlas y eso condiciona su operatividad. Y afecta la competitividad”, con miras a los mercados globales. Y además, dice Elizondo, la sobrerregulación implica desconfianza sobre las empresas y los empresarios. Sobre este punto, el experto recalca que “hay una contradicción entre desconfiar de las empresas y alentar oligopolios, como por ejemplo, preferir la economía cerrada o con distorsiones a la competencia interna”, dice.

Tales aspectos dificultan la entrada de dólares al país, uno de los bienes más escasos de la economía, y que complica el acceso a insumos y bienes intermedios para producir. “La Argentina es, según el Banco Mundial, el segundo país del mundo en carga tributaria sobre las empresas. Y es uno de los dos países que en el mundo más afecta con impuestos a los exportadores con relación a la recaudación fiscal total”, se lamenta Elizondo.

El experto enumera que hay cuatro condiciones que califican el marco regulativo tributario: su intensidad económica, su complejidad, la estabilidad y su efecto político (los incentivos para alentar o desalentar otras actividades sobre los cuales las empresas toman decisiones). “La Argentina está mal en los cuatro planos mencionados”, sentencia el especialista.

El “morenismo” ocurre dos veces, primero como tragedia y luego como farsa

Por Ezequiel Burgo

La ausencia de un plan de estabilización da rienda a soluciones más ideologizadas, que en el Gobierno actual están arraigadas en Comercio.

En 2020 se registró una desaceleración pronunciada de la inflación producto, básicamente, de la pandemia. La recesión provocó que las empresas no pudieran trasladar el aumento de costos a sus productos, mientras por otro lado se desplomaban sus ventas. Así, los márgenes de ganancia fueron más bajos y afrontaron lo que la mayoría de los argentinos sufriera en carne propia: perder o, en el mejor de los casos, ganar menos y así pasar el año.

Ahora la historia es otra. La economía recupera terreno y según datos del Ministerio de Producción, el PBI ya estaría cerca de 3% del nivel previo a la pandemia. Con este rebote las empresas (las que sobrevivieron), buscan recuperar sus márgenes de ganancia. Por lo tanto la inflación ya no puede seguir en los rangos de 1%-1,5% como había registrado el año pasado y consiguientemente empieza a situarse arriba de 3,5 por ciento mensual.

Primera lección. Aquello que muchos economistas del Gobierno celebraban como una desaceleración de la inflación en 2020, jactándose del éxito de los controles de precios y una teoría sui generis de que el aumento de la emisión monetaria no presionaba sobre los costos, hoy empieza a verse como insostenible. El monstruo de la inflación asoma.

El dólar está estable y eso juega a favor del Gobierno, ¿pero por cuánto?

Muchos productos y servicios que empresas adquieren lo hacen al tipo de cambio alternativo que son los dólares MEP ($ 143,65) o CCL ($ 151,62). Ayer Martín Guzmán no tuvo un buen día en la licitación de pesos y consiguió la mitad de pesos que buscaba para financiar el déficit fiscal este año. Necesita pedir unos $ 600.000 millones en el año y si no lo logra deberá emitir. Eso será más nafta al dólar. Van cuatro meses y consiguió el 20% de esos pesos en el mercado local. El economista Fernando Marull señaló en su último informe que la cantidad de pesos en la economía tocó un récord unos meses atrás.

El Gobierno habla de inflación importada y en verdad es un dato. En la edición de esta mañana de la revista The Economist sale un artículo acerca de este fenómeno que aumenta en el mundo. El IPC de EE.UU. de marzo (salió esta semana) fue el más alto en nueve años. Pero el kirchnerismo no dice toda la verdad. Culpa a los alimentos como responsables del costo de la mesa de los argentinos aplicando retenciones, racionando exportaciones, congelando precios y aumentando inspecciones.

¿Pero por qué hace eso con el campo y no con los textiles si allí el aumento interanual es de 71%? En una una entrevista al diario El Economista, el secretario de Industria, Ariel Schale, justificó la suba en la vestimenta diciendo que ocurre “por la devaluación y la suba del algodón, que es un commodity”.

¿Pero por qué se desacopla el aumento del campo y no el de los textiles? ¿cuál es el criterio que establece Paula Español, la secretaria de Comercio? Uno de los desafíos de la planificación y de las políticas públicas de los Estados es establecer criterios de transparencia y evidencia para tomar decisiones. El Gobierno no lo hace.

Martín Guzmán piensa que la inflación es un problema macroeconómico por más que por estas horas se muestre alineado al discurso halcón de Español (que es el de Kicillof).

Estos últimos son creyentes de una mirada en la que el Estado puede bajar la tasa de inflación parándose arriba de los márgenes de ganancia de las empresas y pretendiendo que no recuperen su estadio anterior a la pandemia, ignorando leyes elementales de la economía y desafiando principios como si estuvieran en un aula.

Es una visión que gana terreno porque no hay un plan de estabilización y un acuerdo con el FMI que pueda neutralizar estas creencias. Con Macri pasó algo parecido: no apostó a un programa de estabilización y se recurrió de algún modo a bajar una inflación alta con un método que para muchos estaba discutido.

Ahora el Gobierno recurre al método de Guillermo Moreno: apretar y controlar. Paula Español lo conoce. Era subsecretaria de Comercio Exterior bajo la conducción de Beatriz Paglieri. Aquello fue una tragedia. ¿Ahora toca la farsa?